Derecho de petición y sigue presión contra Justicia y Paz y CAVIDA

Hola

Leí hace un momento la noticia adjunta, según la cual continua la
presión de varios tipos contra Justicia y Paz y CAVIDA.

Con respecto a eso les cuento que envié el viernes pasado un tercer 
derecho de petición por intermedio del consulado en Frankfurt (pidiendo 
que me aclararan contradicciones con la información transmitida en la 
rueda de prensa del 21 de Agosto). Ese es un servicio que presta el
consulado según me explico un funcionario de allí en Noviembre.

Envié por correo postal dos copias del derecho de petición disponible
en:
http://geocities.com/v-tamara/cartas/carta3_verdad_justicia_y_paz_dic.html
junto con una carta dirigida al consulado, en la que les solicitaba el
favor de enviarlo y de devolverme una de las copias autenticadas (como dice
que se puede en el Art. 5 del códgio contencioso administrativo).

Como nada que me contestaban, ayer llamé al consulado y la viceconsul
me confirmó que habían recibido el derecho de petición, después de averiguar 
me dijo que había enviado una copia al destinatario y la otra a jurídica. 
Me dijo que para poder autenticarlo yo tenía que ir personalmente con 
mi cédula.

No se si podré pegarme el viaje a Frankfurt (restricción económica). 
¿Alguno de los colombianos por estos lares viaja pronto a Frankfurt?

Para quien los necesite envio datos sobre ese consulado (varios no están en 
Internet):

Consulado de Colombia en Frankfurt
Fürstenberger Straße 223 
60323 Frankfurt am Main 
Teléfono: 069-5963050
Fax: 069-5962080
Secretaria. Consuelo Tel: 069 9595 6723
Viceconsul (2003). Marica Cecilia Escudero Tel: 069 9595 6721
Cuenta: 0140195600 Banco Dresdner. BLZ: 50080000


Saludos de paz.
-- 
Que Dios nos ilumine para hacer su voluntad. 
http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
-- 
Vladimir Támara Patiño. 
http://www.geocities.com/v-tamara

http://colombia.indymedia.org/news/2003/12/8079.php

Contra Justicia y Paz presión mediática, jurídica y militar
por Comisión Intereclesial de Justicia y Paz * Saturday
December 06, 2003 at 06:02 PM justiciaypaz@xxxxxxxxxxx 

?Cuando doy pan a un pobre, me llaman santo. Cuando
pregunto porque los pobres no tiene que comer me llaman comunista?. Dom
Helder Cámara

RESUMEN 

Después de poder acceder a los procesos judiciales en los que
se encuentran vinculados personas que han prestado su servicio a la
Comisión Justicia y Paz, en octubre y noviembre,
(6-7, -10-03/ 18-11-03) presentaron su versión libre ante la
Unidad de Derechos Humanos, en la que se logró la unificación de dos
procesos penales bajo el mismo radicado, el 1701. 

Mientras se presentaron estas versiones libres en etapa
preeliminar, se conoció que además de la denuncia penal del 28 de
agosto, radicado 870 en el despacho 41 de Apartadó; existe
una nueva denuncia con el radicado 7994 Seccional 124 de
Apartadó, del que se desconoce el tipo penal. 


La instauración de dos nuevas denuncias penales en Fiscalías
de Apartadó que al parecer son del mismo tipo penal no ha logrado ser ni
conocida la información básica y menos su
unificación. 


De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación para que
exista acumulación de procesos argumentan deben ser autorizados
directamente por el Fiscal General de la Nación, sustentarlo
lo anterior en un reciente fallo de la Corte constitucional
relacionado con la reasignación de procesos. 


En seguimiento a las medidas cautelares, nuestros
peticionarios, Comisión Colombiana de Juristas, Colectivo de Abogados
"José Alvear Restrepo", y Reiniciar, en dos sesiones con el
gobierno, la Fiscalía General, la Procuraduría han planteado
la adopción de medidas de carácter político como la rectificación a
través de una rueda de prensa, por los mismos medios y
mecanismos, a través de los cuales la comandancia de las
Fuerzas Militares propició el escenario de las injurias y calumnias
contra el ejercicio de defensa de los derechos humanos que
realiza nuestra Comisión. Hasta el día de hoy no existe
ninguna respuesta efectiva y de fondo. (Octubre/03) 

Simultáneamente, presionados por personas vinculadas directa
e indirectamente a la empresa Maderas del Darién, se conoció que se han
ofrecido una serie de beneficios a personas para
que se conviertan en testigos contra nuestra Comisión
Justicia y Paz y afirmen sin sustento alguno, y aprendiendo un libreto,
que somos miembros de las guerrillas de las FARC, que
hemos amenazado y que hemos atentado contra la vida e
integridad de personas. (IE5 09/09/03) 

Por otra parte, hemos leído y hemos conocido respuestas
escritas del Gobierno Colombiano a través de sus delegaciones
diplomáticas en diversos países del mundo, dando respuesta a la
solidaridad y a las manifestaciones de preocupación por la
situación de protección y de seguridad de nuestra Comisión Justicia y
Paz, en las que se expresa que no se logra interlocutar o
dialogar con nosotros. 


El contenido de las respuestas oficial divulgada a través de
su delegación en Bruselas (30-10- 03) El gobierno expresa en algunas
respuestas, que ha dirigido comunicaciones de diverso
tipo sin lograr contestación alguna de nuestra Comisión. En
otras manifiesta que se han ofrecido medidas de protección dentro del
programa de protección a defensores de derechos
humanos y líderes sociales y esta se refieren a la serie de
amenazas que se han producido contra integrantes de nuestra Comisión, a
través de seguimientos, llamadas telefónicas
amenazantes, cartas con amenazas de muerte, en particular
entre el segundo semestre del 2002 y comienzos del 2003. 

Las dos respuestas son equívocas y faltan a la verdad. 

Al finalizar la Peregrinación por el Atrato, ?Atratiando: por
un buen trato en el Atrato?, en el municipio de Turbo, unidades
militares, multicopiaron, una traducción del artículo calumnioso
e injurioso publicado en el Wall Street Journal, presentadas
desde el 21 de agosto en la rueda de prensa convocada por el General
JORGE E MORA RANGEL. La traducción del artículo
fue repartida entre los asistentes nacionales e
internacionales (21/11/03). 

No cesan los mecanismos para negar el ejercicio legítimo de
las defensas de los derechos a la Vida y al Territorio de las
comunidades afrodescendientes y mestizas del Cacarica.
Mientras en desarrollo de las operaciones militares las
unidades regulares continúan expresando su animadversión a la presencia
humanitaria de nuestra Comisión Justicia y Paz y de los
organismos humanitarios internacionales de observación y
acompañamiento, continúan montándose nuevas denuncias penales, en las
cuales persiste la presión para que las falsas
acusaciones se puedan sostener. Es tal la perversión de los
intereses privados y de las lógicas de la fuerza que a través de
intimidaciones, acompañadas de ofrecimientos y halagos
quieren montar testigos sobre lo que no es verdad y sobre lo
que nunca hemos sido y hemos hecho. 

Detrás de este escenario local en el ámbito internacional
mediático se expresa la difamación, la calumnia contra todo tipo de
principio informativo y de ética profesional. Expresiones
periodísticas usadas públicamente en lo local con el
propósito nada oculto de deslegitimar nuestra labor como defensores de
derechos humanos o de lograr nuestro ?destierro? para que
puedan implementarse proyectos de monocultivos para la
reconciliación y la desmovilización paramilitar y contra la exigencia de
verdad, de justicia y de reparación integral que ejercen
comunidades afrodescendientes y mestizas en el Atrato, como
la del Cacarica. 

Respecto a las respuestas a la solidaridad internacionales
tenemos que expresar que hemos sido convocados por el gobierno nacional,
hasta antes de las medidas cautelares, para
evaluar nuestra situación de riesgo y de seguridad, pero
nunca se logró concretar una reunión en la que fuera posible la
participación de la Junta Directiva de nuestra Comisión Justicia y
Paz, pues se trata de un problema organizacional no personal. 

Es cierto, que por principio se rechazan los esquemas duros
pero no es porque hayamos recibido ofrecimiento alguno del gobierno y
hayamos podido expresar nuestro parecer. Nuestra
Comisión no asume un esquema de protección que implique el
uso de la fuerza o de actuación de organismos de seguridad del Estado. 

A través de comunicaciones acerca de la situación de amenazas
de muerte sobre integrantes de nuestra Comisión, hemos planteado una
serie de medidas políticas que hasta el día de
hoy nunca han sido respondidas, pues se encuentran vinculadas
a problemas estructurales como la impunidad y la desestructuración de
actuaciones armadas encubiertas. (O8-12/02)
(02/03) 


DETALLES 

º Lunes 6 y Martes 7 de octubre, durante un día y medio, uno
de los denunciados penalmente por su trabajo como defensor de derechos
humanos en el acompañamiento a las comunidades
del Cacarica presentó versión libre ante la Fiscal de la
Unidad de Derechos Humanos. 

Su presentación estuvo acompañada de su apoderado, defensor
de derechos humanos, y en presencia de un Procurador Especial quienes
escucharon su sustentación frente a las
calumnias e injurias, que como aparece en un documento del
perfil de uno de los denunciantes pretende "desterrar a Justicia y Paz
de la región del bajo Atrato" 


Con la versión oral se presentaron 100 pruebas documentales. 


º El 8 de septiembre, a favor de nuestra Comisión Justicia y
Paz fueron resueltas medidas cautelares por parte de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en la que
se encuentran como peticionarios la Comisión Colombiana de
Juristas, el Colectivo de Abogados, "José Alvear Restrepo" y la
Fundación Reiniciar. 

Cuatro aspectos contemplan las medidas: 

1. Adoptar las medidas necesarias para proteger la vida y la
integridad personal de los integrantes de la Comisión Intereclesial de
Justicia y Paz 

2. Adoptar las medidas necesarias para que los integrantes de
la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz puedan cumplir con su labor
de promoción y defensa de los derechos humanos
en la República de Colombia 

3. Concertar las medidas a adoptarse con los beneficiarios y
los peticionarios 

4. Informar sobre las acciones adoptadas con el fin de
clarificar e investigar las amenazas y actos de hostigamiento contra los
beneficiarios. 



º Jueves 30 de octubre, conocimos una respuesta de la
embajada colombiana en Bruselas en la que se expresa respecto a la
situación de protección de nuestra Comisión Justicia y Paz,
como lo han hecho algunos funcionarios del gobierno nacional
indicando que no hemos respondido a los ofrecimientos y llamadas que nos
ha hecho el gobierno nacional frente a la
seguridad de los miembros de Justicia y Paz. Hasta la fecha,
reiteramos que no hemos recibido ninguna comunicación del gobierno
nacional para tal fin. 


· Domingo 16 de noviembre hacia las 16:00 horas, en el lugar
humanitario que fue conocido como ?Esperanza en Dios?, mientras
repartían volantes contra la guerrilla y se acercaban a las
niñas y niños, les expresaban los miembros de la Brigada
XVII, ?los monos y los que los acompañan se quedan con la plata, ellos
son los que se quieren quedar con sus tierras? 

º Martes 18 de noviembre, durante el día, otro defensor de
derechos humanos, denunciado penalmente por su trabajo en defensa de las
comunidades afrodescendientes, rindió versión
libre acerca de las falsas acusaciones proferidas en su
contra. 


· Viernes 21 de noviembre, hacia las 9:00 horas en el
municipio de Turbo, en desarrollo el cierre de la Peregrinación
?Atratiando: Por un buen trato en el Atrato? convocada por las
organizaciones afrodescendientes e indígenas del Atrato y la
iglesia católica, un hombre quien se identificó como integrante de las
Fuerzas Militares, entrego a NELSON ZAPATA uno
de los pobladores del municipio un paquete con fotocopias
traducidas del artículo: ?In Colombia, Are They Safe Havens or FARC
Havens?? by Mary Anastasia O?Grady, publicado el
pasado 14 de Noviembre en el Wall Street Journal. 
De acuerdo con la versión, el militar le solicitó al poblador
distribuir el artículo pues el debía tomar un vuelo en Apartadó. 


LINEAS DE INTERPRETACION 

Durante la administración del Presidente ANDRES PASTRANA y la
del Presidente ALVARO URIBE nunca fuimos convocados para analizar
nuestra situación de riesgo o de seguridad,
aunque siempre participamos en sesiones de las comisiones de
interlocución con el Estado construidas en relación con procesos
comunitarios que acompañamos, entre otros, las
comunidades del Cacarica, del Jiguamiandó y Trujillo. 

En los espacios de interlocución nunca hubo alusión a los
problemas de seguridad o de protección de nuestra Comisión a pesar que
se conocía de la vulneración del derecho a la
asistencia humanitaria y de derechos humanos, no solo de
nuestra Comisión Justicia y Paz sino también de organismos humanitarios
internacionales y de instituciones estatales de
control como la Defensoría del Pueblo. 


Antes del otorgamiento de medidas cautelares por la CIDH,
luego de haber revisado todos nuestros archivos, constatamos que nunca
hemos recibido comunicación escrita en la que
explicita y concreten propuestas gubernamentales. Todos los
espacios de interlocución multilateral -comisiones de verificación- ,
bilateral -Gobierno Justicia y Paz- se han referido única
y exclusivamente, a los procesos comunitarios que
acompañamos. 

En una sola ocasión en una conversación con la Vice
Presidencia sobre la Comunidad del Cacarica se insinuó verbalmente la
disposición de algún medio de comunicación y el
ofrecimiento de números telefónicos oficiales para alguna
emergencia. 

Hasta antes de las medidas cautelares NUNCA ninguno de los
dos gobiernos abordó el problema de nuestra Comisión Justicia y Paz,
NUNCA ofreció esquema de protección alguno
dentro del programa de defensores de derechos humanos. 

NO es VERDAD que hayamos dicho no a lo que nunca fue
planteado nunca hemos podido plantear nuestras opiniones respecto a las
medidas de protección y de seguridad al gobierno o
estado colombiano. 

No es VERDAD que nunca hayamos sido localizados. Nuestra sede
conocida públicamente por organizaciones nacionales e internacionales,
miembros de la Defensoría del Pueblo, de la
Fiscalía General de la Nación, nunca se ha recibido
información sobre la solicitud de reuniones con nuestra Comisión. 

Se ha desinformado a la solidaridad internacional y a quiénes
desde instancias de iglesia o desde la comunidad de derechos humanos han
exigido o han manifestado su preocupación al
Estado colombiano por la necesidad de crear garantías para el
ejercicio legítimo de la defensa de los derechos humanos, en este caso,
de nuestra Comisión Justicia y Paz. 

Creemos que las medidas preventivas de tipo duro, articuladas
a los sistemas de seguridad estatal no brindan las garantías necesarias. 

Creemos que por nuestra filosofía e identidad de creyentes
que esquemas que impliquen el uso de la fuerza no van a generar
condiciones para el ejercicio de nuestra defensa de los
derechos humanos. 

Creemos que estos esquemas además si están vinculados entes
estatales que han estado comprometidos por acción por omisión, por
tolerancia y por complicidad en la creación de
estructuras encubiertas, no generan ningún tipo de confianza. 

Creemos que las garantías legítimas de la posibilidad de
ejercicio de defensa de los derechos humanos es intrínseco a las medidas
de protección de las comunidades acompañadas y sus
esquemas de fortalecimiento preventivo de tipo civil estatal. 

Creemos que hasta tanto, los hechos denunciados sobre los que
se ha dejado nuestra Constancia y nuestra expresión de censura moral en
los despachos de las altas autoridades del
Estado y del Gobierno, no sean investigados con la celeridad,
la eficacia requerida, la independencia judicial, no se acopien pruebas
más allá de los testimonios de las víctimas, y no se
sancione con prontitud, no existen plenas garantías para el
ejercicio de defensa de los derechos humanos. Mientras exista la
impunidad para violadores de derechos humanos, y persistan
las estructuras criminales, aun disfrazadas de civilidad, no
habrá garantías para el ejercicio pleno de la defensa de los derechos
humanos. 


Creemos que hasta tanto las estructuras del poder militar en
Colombia no acaten un estricto respeto a los derechos humanos de los
ciudadanos, y desde el poder civil no adopten las
medidas recomendadas por la comunidad internacional de
derechos humanos, expresada en muchísimas recomendaciones, no es posible
abrigar la esperanza de la vigencia de los
derechos humanos, mucho más, cuando existe la tendencia, en
sectores de los cuerpos de investigación judicial a romper los límites y
las fronteras con el aparato de la fuerza, cuando el
aparato de justicia se hace mecanismo del aparato militar. 

Creemos que hasta tanto, las corporaciones privadas no
modifiquen su mirada que privilegia el principio de la ganancia y de la
rentabilidad, el uso de su poder para seducir, para mentir ,
para imponer las lógicas de mercado por encima de las
personas y de su dignidad, para intentar usar del derecho a su favor,
usar del dinero para comprar funcionarios y falazmente
pretendan imponer ?el progreso? no es posible que existan
garantías para las organizaciones y comunidades afrodescendientes de
afirmar sus derechos. 


Bogotá, Diciembre 5 de 2003 

COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ